¿Son los discursos de odio un callejón sin salida?

En las discusiones contemporáneas sobre discursos de odio existen dos líneas de argumentación predominantes. La primera de ellas, sostiene que comprometerse seriamente con la libertad de expresión supone también defender la expresión de los discursos de odio. La segunda, afirma que los discursos de odio son capaces de silenciar a las víctimas pues reproducen una estructura de discriminación que confirma su vulnerabilidad y su exclusión del debate público.

Podría parecer que el debate sobre los discursos de odio tiene que llegar a la conclusión sobre cuál de estas líneas argumentativas es más valiosa y útil. Sin embargo, esto puede resultar muy complicado y puede conducirnos hacia un callejón sin salida:
(1) Supongamos que decidimos pagar el precio de defender a ultranza la libertad de expresión, incluso los discursos de odio. Algunas razones a favor de esta postura es que la diversidad de opiniones y de puntos de vista es un elemento muy valioso para la toma de decisiones públicas que conciernen al bienestar de la mayoría ¿Por qué excluir a algunos cuyos puntos de vista encontramos ofensivos? ¿Por qué deberíamos defender una tolerancia sólo para tolerantes, y excluir con ello a todos los que sostengan opiniones “políticamente incorrectas” o intolerantes? Pareciera que entre más perspectivas sean incluidas en el debate público, podremos apreciar mejor la situación a evaluar, contemplando así los intereses de todos los involucrados y no sólo de aquellos que tengan opiniones “políticamente correctas”. Finalmente ¿quién estará a cargo de decidir qué es lo políticamente correcto? ¿El Estado? ¿alguna institución en particular? ¿ONG’s? ¿La misma sociedad civil? Parece que ninguna de las anteriores puede definir legítimamente qué puede ser dicho y qué resulta ofensivo.

(2) Por otro lado, en la actualidad tenemos muchos ejemplos de discursos de odio que nos permiten ubicar el daño y el alcance que tienen éstos para erosionar los vínculos sociales y las luchas por causas de justicia social. Piénsese, por ejemplo, en las campañas políticas que abusan de los términos “inmigrante”, “extranjero”, “persona ilegal” para fomentar algún tipo de discriminación hacia una población vulnerable. En estos últimos meses hemos visto el éxito que este tipo de discursos pueden tener en una población con miedo hacia lo desconocido, y cómo esto ha sido fomentado por los discursos de odio a tal punto que es muy común encontrar casos en los que un grupo de personas agrede o violenta a alguien, acusándolo de terrorista, o de invasor, etc. En otras palabras, parece que los discursos de odio son algo más que tan sólo una expresión ofensiva. Que no son tan sólo un sketch cómico que pretende ironizar sobre una determinada situación, sino que buscan reforzar un objetivo claro de discriminación o estigmatización para ciertos grupos vulnerables. Y si esto es así, tenemos buenas razones para distinguir entre una defensa a la libertad de expresión y la permisibilidad de los discursos de odio.
Ambas líneas argumentativas tienen ventajas y desventajas. Mientras que pareciera que no podemos obviar el daño que han tenido este tipo de discursos en los últimos meses, algunos objetores han indicado que regular los discursos de odio podría abrir las puertas a una forma de censura estatal que paulatinamente vaya regulando más y más contenidos: primero discursos de odio, después publicaciones que hablen desfavorecedoramente del partido gobernante, luego opiniones sobre formas de vida válidas y tal vez incluso algunas expresiones artísticas. Si se le concede el poder al Estado para decidir qué puede ser dicho o no, ¿quién va a supervisar que esta censura sea llevada a cabo de la mejor manera para el interés de todos?

Sin embargo, si permitimos los discursos de odio para evitar el riesgo de una censura estatal, parece que esto podría constituir una actitud cómplice de la discriminación y de la violencia promovidas por este tipo de discursos. Cuando los ejemplos del daño que causan los discursos de odio son cada vez más frecuentes, ¿no deberíamos hacer algo por impedirlo? ¿Actuamos de manera correcta cuando sólo observamos y permitimos que una minoría vulnerable sea atacada por el discurso que, normalmente, suele conducir a formas de violencia más peligrosas? En muchos casos, no es posible apelar al diálogo para confrontar a los que pronuncian discursos de odio. Aquellos que defienden la inferioridad de ciertas razas, o la segregación de acuerdo con creencias religiosas no buscan entablar un diálogo sobre el bien común, sino excluir a algunas personas de dicho bien. Por ello, parecería que permitir la expresión de discursos de odio tampoco nos conduce a la mejor forma de actuar por el interés de todos.
El reto que plantean los discursos de odio sobre los límites a la libertad de expresión pareciera conducirnos por eso a un callejón sin salida. Lo que queda pendiente tras este debate es encontrar una salida que pueda explicar mejor la complejidad del problema y ofrecernos un hilo para salir del laberinto.